El ingreso básico quedó fijado en $383.800 para septiembre, luego de que el Gobierno estableciera los aumentos por resolución ante la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios. Su valor real se aproxima a los registros de la crisis de 2002.
El poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil volvió a quedar en el centro del debate económico. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el ingreso básico acumula una caída real del 40,8% desde noviembre de 2023 y se encuentra en niveles comparables con los registrados después del colapso de la convertibilidad.
La nueva escala fue definida por el Gobierno nacional luego de que fracasaran las negociaciones en el Consejo del Salario. Para septiembre de 2026, el haber mínimo quedó establecido en $383.800 mensuales para quienes cumplen una jornada legal completa y en $1.919 por hora para los trabajadores jornalizados.
Los aumentos continuarán de manera escalonada hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027, de acuerdo con la Resolución 4/2026. Las subas mensuales oscilarán entre el 1,7% y el 1,9%, porcentajes muy inferiores a los reclamados por las centrales sindicales.
La CGT y las dos CTA habían solicitado elevar el salario mínimo a $911.000 de manera inmediata y llevarlo a $993.000 en diciembre, tomando como referencia el costo de la Canasta Básica Total. Ante la falta de consenso con las cámaras empresarias, la Secretaría de Trabajo terminó fijando unilateralmente los nuevos valores.
Según el estudio de CEPA, el salario mínimo actual se ubica un 12,3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990 y presenta un poder de compra similar al de abril de 2002. Para recuperar solamente el nivel promedio de 2023 necesitaría una recomposición real cercana al 70%.
La comparación con el máximo histórico también permite dimensionar el deterioro. En septiembre de 2011, el salario mínimo equivalía —medido a precios actuales— a aproximadamente $1.158.000. El monto vigente se encuentra cerca de un 67% por debajo de aquel registro.
Un análisis independiente de Chequeado calculó una pérdida real acumulada del 39,7% desde noviembre de 2023 y una caída interanual del 10,2%. La diferencia respecto de la estimación de CEPA responde a los criterios de actualización utilizados, pero ambos estudios coinciden en la profundidad del retroceso.
El impacto excede a quienes cobran formalmente el mínimo. Este valor se utiliza como referencia para calcular prestaciones por desempleo, determinados programas sociales y cuotas alimentarias cuando la persona obligada no cuenta con un trabajo registrado.
El deterioro resulta particularmente sensible en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores del país y una parte significativa del empleo informal. Mientras el Gobierno destaca la desaceleración inflacionaria, los datos salariales muestran que la recuperación de los ingresos continúa siendo una de las principales deudas de su programa económico.
